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DE LA CONSPIRACIÓN A
LA MILITANCIA DEL AJUSTE
Durante el primer juicio por corrupción en contra de Cristina
Fernández de Kirchner, los alegatos de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola
fueron parte de un proceso en que finalmente los jueces deberán decidir si la vicepresidenta
es culpable o inocente.
Nada más.
Nada menos.
Desde el Presidente hasta el más recóndito jefe comunal
peronista, saben que se trata de eso.
Los jueces y fiscales intervinientes fueron nombrados según
las normas constitucionales, y la vicepresidenta es juzgada con todas las
garantías que le corresponden y no se diferencia al común de los acusados que
enfrentan un juicio. Faltan aún los alegatos de los abogados defensores en
donde podrán argumentar y aportar pruebas para demostrar la inocencia de CFK de
todos los actos que se le imputan.
Todavía no hubo sentencia.
Sería bueno que el gobierno de la vicepresidente se ocupe de
la inflación creciente y la pobreza en ascenso. De los recortes en educación y
en salud.
Y que también se ocupe de Nicolás Caputo. Pero no por su
propia teoría conspirativa del lawfare.
Mientras ella hablaba por redes sociales rodeadas de un
montón de papeles e involucrando en temas pocos transparentes a su compañero de
vida y militancia, padre de sus hijos , el fallecido Nestor Kirchner, el
hermano de la vida de Mauricio Macri, Nicolás Caputo celebraba la resolución 625 del Ministerio de
Economía. Esa resolución reglamentó la inclusión del sector petrolero en el
régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego y, por lo tanto, les
permitirá a Total, Wintershall y Pan American Energy, invertir 700 millones de
dólares en el área Fénix sin pagar IVA, Ganancias y aranceles de importación.
Caputo necesita del gas que se extraiga de ese yacimiento porque acaba de
asociarse con SPEC Group, una compañía con base en Houston y presencia en
Emiratos Árabes, Pakistán, Qatar y Yemen, para construir una petroquímica y un
puerto en Río Grande por 2000 millones de dólares.
El paquistaní Zafar Ikram Sheikh, máximo ejecutivo de SPEC tenía
pensado en un principio hacer el emprendimiento solo, pero aceptó finalmente la
propuesta de incorporar un socio local. Ese socio es Mirgor, la empresa local
presidida por Caputo.
El proyecto es ambicioso y prevé la edificación de una
planta de urea y amoníaco que le permitirá a la Argentina autoabastecerse en
fertilizantes y que tienta a muchos operadores del sector, que se preguntan,
por ejemplo, si en los trabajos podrán participar los mismos empresarios que
están reacondicionando el otro puerto, el de Ushuaia, casi todos de buena
relación con Massa: Panedile, de la familia Dragonetti, y las constructoras
Concret Nor y Nakon Sur. Ambos proyectos requirieron la autorización de la
Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y Marina Mercante, dependencia del
Ministerio de Transporte que conduce otro massista, Alexis Guerrera.
En la democracia la aplicación de la ley no se decide en la
calle. La violencia nunca es la salida y no se puede poner en jaque al conjunto
de la sociedad por la responsabilidad o inocencia de los dirigentes que son juzgados por hechos de corrupción.
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