El periodista Carlos Pagni desdibujó aún más la ya gastada figura del ex periodista  Horacio Verbitsky, uno de los integrantes del círculo intimo de  la vicepresidente Cristina Kirchner.

El martes 23 de agosto Cristina Kirchner dijo en su defensa a través de las redes sociales,  que el presidente del tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu, no la puede juzgar y no es un juez de la Constitución porque está casado con la nieta del coronel Armando Manuel Hornos, que fue el responsable de las ejecuciones y las desapariciones de personas en Margarita Belén. Por otro lado, dijo  que el mismo juez es hijo de un marino que fue edecán o jefe de protocolo de ceremonial de Galtieri y de Bignone.

Según Pagni CFK sacó dicha información de  una nota de Horacio Verbitsky en el portal  El Cohete a la Luna, en la que el ex periodista plantea estas imputaciones.

El director de El Cohete a la Luna hace algo que si no te cae mal es por lo menos cuestionable: le carga a alguien los antecedentes de su familia.

Escribió y dijo  Pagni:

La nota fue publicada hace tres domingos atrás con el título “Grupo de Familia”. Se reprodujo en un sitio llamado La Resistencia y habla del abuelo Armando. Habla de la relación de la hija del juez Roberto Hornos, con la que está casado Giménez Uriburu. Y que, a su vez, Hornos es hijo de ese coronel que produjo la masacre de Margarita Belén. Acá hay mucho más que un detalle. Está hablando del coronel Armando Hornos.

El juez Giménez Uriburu efectivamente está casado con una señora que es nieta de un militar, llamado Hornos. Pero no Armando Manuel, sino Gaspar Roberto Hornos. El abuelo de la esposa de Giménez Uriburu no fue represor en Margarita Belén. Se retiró del ejército en los años 60. Cristina Kirchner, inducida por Verbitsky, se confunde de militar. Es más, en el año 63 -durante la presidencia de Arturo Illia- Gaspar Roberto Hornos, que ya estaba retirado, era miembro del directorio de YPF. ¿Por qué nos enteramos de que este represor, que Cristina y Verbitsky le cargan a la familia Hornos, no era tal? Lo sacamos de una nota del mismo Verbitsky del año 2002 con el título “La Hora de Hornos”, donde él hace la descripción de quién era el abuelo de la esposa del juez Giménez Uriburu. Y habla de un tal Gaspar Hornos. Dice: “Se retiró del Ejército como coronel y durante el gobierno radical de Arturo Illia integró el directorio de YPF. No se le conoce actividad durante la dictadura militar”. Verbitsky no leyó a Verbitsky. Pero la hizo confundir a Cristina.

¿Por qué no fue posible mostrar la nota original de Verbitsky y hubo que recurrir a otro medio como La Resistencia? Porque el párrafo en el que habla del militar represor que tiene como nieta a la esposa del juez Roberto Hornos ya no está. Lo borró de su página El Cohete a la Luna. Lo borró, pero no aclaró. El lector no sabe por qué desapareció. Desapareció porque era simplemente mentira. Hablamos de un tema que es delicadísimo, como es imputarle algo a alguien, que no es que se robó plata de Santa Cruz de la obra pública. Se trata de la desaparición de personas.

Cristina Kirchner hace una segunda imputación. Dice: “No me puede juzgar este juez porque es hijo de un jefe de ceremonial de Galtieri y de Bignone”. Es parcialmente cierto. Siempre hay un margen de error. El padre del juez Giménez Uriburu es un marino que efectivamente ejerció ese rol. Hay que recordar que la de Bignone fue la última presidencia de la dictadura, que dio lugar a la apertura democrática con las elecciones en las que triunfó Alfonsín. El marino Giménez Uriburu fue también jefe de ceremonial de Alfonsín.

¿Qué no dice Verbitsky en su nota y tampoco aclara Cristina? Giménez Uriburu, el juez que es hijo del marino que trabajaba con Bignone, en el año 2011 le dio 15 años de prisión a Bignone. Es decir, aparentemente, si nos guiamos por sus hechos y no por sus relaciones de parentesco, tiene bastante autonomía respecto de las vinculaciones funcionales de su padre. En esa condena, que es la condena por los crímenes del Hospital Posadas -donde le iban a dar la vacuna VIP a Verbitsky si no fuera que se la dieron en el despacho de Ginés González García-, también su juzgó a Luis Muiña, cuyo caso fue motivo de una gran controversia por el beneficio del 2x1. La misma condena es dictada, además, por el miembro de la Cámara Federal Pablo Bertuzzi, a quien el kirchnerismo también vincula con Mauricio Macri y, por lo tanto, con la dictadura, con relaciones transitivas que uno no termina de entender.

¿Por qué todo esto es importante? Porque volvemos a encontrarnos con un problema extraordinariamente delicado para la sociedad argentina y es el uso de los derechos humanos como una bandera de facción. Si hay una causa, un valor, que debería tener por definición carácter universal -que le vale por igual a todos los seres humanos- es el valor de las garantías identificadas con los derechos humanos. No debería ser, como es habitualmente, un arma arrojadiza en la pelea política o la pelea de facciones. Todo eso va degradando esa agenda y los valores compartidos que debería tener la sociedad respecto de cuestiones sagradas. Verbitsky está muy identificado con esa conducta, tanto que hay organismos internacionales que desistieron de tenerlo como miembro, por ejemplo, Human Rights Watch, donde fue integrante del directorio durante muchos años.

Continúa Pagni:

También hubo información resbaladiza en el tema de las imputaciones a las relaciones entre José López y Nicolás Caputo, exsocio e íntimo de Mauricio Macri. Cristina Kirchner usó los mensajes que hay en el celular de José López, que llegaron a la causa por pedido de los fiscales. Aparentemente, hasta donde yo sé, los defensores de Cristina y de los demás acusados no miraron ese material, no controlaron lo que había ahí. Y ahora vamos a ver si el tribunal lo incorpora o no. Hay una discusión sobre la calidad de esa prueba y del momento en que fue introducida en la causa. Pero Cristina hizo propios esos mensajes.

A ella se la juzga por obra pública en Santa Cruz. Esos mensajes no tienen que ver con la obra pública en Santa Cruz. La denuncia sobre Santa Cruz la hace Macri a través de Javier Iguacel, que era funcionario suyo. También es una picardía enfocar en Santa Cruz, porque Macri debe saber muy bien que, si abría el gran angular y buscaba en todo el país, a la larga o a la corta, se iba a encontrar con Franco Macri, que tenía una relación estrechísima con Néstor Kirchner. Con su primo, Ángelo Calcaterra, que se cansó de hacer negocios con el kirchnerismo. Y, como aparece en estos mensajes, con su amigo Nicolás Caputo, que también forma parte de la obra pública y de los negocios regulados por el Estado. Entonces, aun a costa de inocularse más delitos Cristina se pregunta si la plata que recibió López, los nueve millones de dólares -que ella denuncia estrepitosamente como si López no hubiese sido funcionario de ella y de su esposo- es de Caputo y que entró por el Banco Finansur, de Cristóbal López. No sabemos si venían de Caputo, pero si fuera así, no debería de extrañar que el banco fuera de Cristóbal López. Entre Caputo y Cristóbal hubo una relación estructural durante todo el tiempo en que Macri gobernaba la ciudad de Buenos Aires y Cristóbal López era el dueño de los casinos, que sigue teniendo allí.

Salió uno de los dueños del banco, Jorge Sánchez Córdova, a decir que por ahí entró un millón de dólares y nada más. Y que en los bolsos de López sólo había 100.000 dólares de las remesas enviadas desde los Estados Unidos. Nadie sabe de dónde sacó la plata López. Cristina, en defensa de que no fue Cristóbal López el que procesó esa plata, dice que no puede venir de él porque entró en el 2011, y él se hizo cargo del 70% del Finansur en 2012. Pero la pregunta que hay que hacerse es cuándo José López recibió los dólares, no cuándo entraron al banco. Algo que todavía no sabemos. Cuando López tuvo que explicar dijo que era “plata de la política”. Algo absolutamente gaseoso. Quiere decir que hay problemas importantes de argumentación.

Hay algo curioso en esos mensajes que se cruzan José López y Nicolás Caputo, porque el primero le pide a Caputo gestiones como si él fuera el jefe del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Manejaba Caputo, un contratista del Estado, el Instituto de la Vivienda? Alguien tendrá que investigarlo. En la Ciudad dicen que esos eran fondos nacionales y había que asignarlos a determinados contratistas, por ejemplo, a Sueños Compartidos, de Hebe de Bonafini.

José López tiene una causa por enriquecimiento ilícito desde el año 2008. Entonces, ¿a nadie le llamó la atención desde el 2008 al 2015, la conducta de López? ¿Se enteraron de que López presuntamente robaba cuando aparecieron los bolsos en el convento? Desde el 2008 podrían haber mirado, pero eso no se miraba, o porque consideraban que las denuncias contra López también eran lawfare y no había derecho a denunciarlo; o porque todos sabían, y miraban para otro lado, que lo que había era un mecanismo de financiación de la política -y esto también le indigna a Cristina- que existe prácticamente en todas las jurisdicciones del país, solo que en muy pocas, tal vez solamente en Santa Cruz, aquel con el cual se hacía el negocio de generar recursos para la política tenía una relación de intimidad como la de Lázaro Báez con los Kirchner. El problema de Cristina no es López, el problema de Cristina es Lázaro Báez, eso es lo que hay que explicar. Ahí estuvo la torpeza del que ideó este mecanismo de financiamiento, que seguramente ha sido Néstor Kirchner, si es que esto se termina demostrando.

Mientras Massa hace un ajuste feroz muy parecido al que quizo hacer Macri y La Cámpora no lo dejó, Cristina encabeza la revolución de los chetos.